A través del Decreto 306/2026, el Poder Ejecutivo introdujo cambios estructurales en la tenencia y registro de armamento. La nueva normativa busca agilizar los procesos administrativos, regularizar las herencias de armas y modernizar la fiscalización estatal mediante un sistema de control digital en tiempo real.
La medida impacta directamente en los usuarios civiles registrados, quienes encontrarán plazos de permisos más extensos y una vía administrativa más rápida para la declaración de herederos. Al mismo tiempo, se prohíben dispositivos específicos de alta peligrosidad para reforzar la trazabilidad del material controlado por el Ministerio de Seguridad.
La reglamentación actualizada agiliza el acceso a la tenencia manteniendo las exigencias de aptitud psicofísica y la carencia de antecedentes penales. Uno de los puntos clave es la extensión de los permisos de portación, que ya no tendrán una vigencia estrictamente anual en casos con fundamentos de riesgo.
Respecto a las herencias, el decreto elimina la necesidad de procesos judiciales previos para registrar armas de familiares fallecidos. Esta vía administrativa permite a los deudos regularizar la situación acreditando el vínculo, lo que busca reducir la tenencia informal y mejorar el seguimiento de los materiales existentes.
En materia de seguridad técnica, se amplió el listado de elementos prohibidos, incluyendo municiones de alto daño y dispositivos de transformación automática. Por el contrario, elementos como miras nocturnas o supresores de sonido quedan clasificados para uso civil condicional, limitados estrictamente a la práctica de actividades deportivas autorizadas.
Finalmente, la reforma apuesta a la digitalización completa del sistema bajo la órbita del Registro Nacional de Armas. Esto permite a las autoridades inhabilitar usuarios de manera inmediata ante cualquier irregularidad, intentando equilibrar la flexibilización administrativa con una fiscalización más rigurosa sobre la compra de municiones y el transporte.
Un cambio normativo profundo que pretende modernizar un sistema antiguo, adaptándolo a las nuevas tecnologías de control y simplificando la relación del ciudadano registrado con el Estado.
