El plan oficial abarcará inicialmente a más de veintiocho mil agentes de los escalafones administrativos centrales. Las oficinas de la secretaría pública aclararon que las inspecciones domiciliarias se limitarán estrictamente al personal titular aportante.
La propuesta seleccionada pertenece a una firma de alcance nacional que ya cuenta con redes asistenciales distribuidas en el territorio santafesino. Los equipos de la función pública estiman que el nuevo esquema comenzará a operar formalmente durante el próximo cuatrimestre, apuntando a centralizar el otorgamiento de carpetas médicas de corta duración y a auditar las licencias laborales de una planta de ciento cincuenta mil trabajadores activos.
El despliegue del programa se desarrollará de manera progresiva, iniciando con los empleados administrativos de las dependencias recaudadoras y de la fiscalía gubernamental. Las clínicas de atención primaria tercerizadas fiscalizarán las carpetas de maternidad, los traslados de urgencia y la provisión de insumos farmacológicos esenciales, excluyendo de la cobertura a los familiares directos de los agentes debido a los límites regulatorios de la potestad estatal.
El valor de referencia fijado en los pliegos licitatorios contempla actualizaciones trimestrales calculadas mediante variables mixtas que combinan paritarias salariales e inflación. Los médicos de auditoría privada unificarán un diagnóstico que históricamente se encontraba fragmentado, asumiendo la confección de los aptos físicos de ingreso y el monitoreo permanente de los siniestros profesionales ocurridos dentro de los establecimientos públicos.
La adjudicación definitiva del servicio otorgará un contrato de explotación por veinticuatro meses con opción a prórroga complementaria. Los responsables del área sanitaria proyectan amortiguar los altos índices de inasistencia registrados el año pasado, garantizando una línea telefónica de derivación inmediata para optimizar la eficiencia del servicio en las casi trescientas localidades de la provincia.
