Un uniformado que cumplía funciones operativas en las dependencias judiciales santafesinas quedó detenido de forma provisional. La resolución dictada por el tribunal penal avaló las acusaciones presentadas por los fiscales intervinientes tras escuchar el relato de los denunciantes.
Las agresiones perpetradas contra múltiples menores de edad de una misma línea familiar derivaron en un proceso por delitos agravados, donde la magistratura consideró los plazos de vigencia legal para asegurar la permanencia en reclusión del encartado.
La investigación judicial se inició a comienzos de año a partir de las presentaciones efectuadas por los familiares afectados, quienes hoy tienen la mayoría de edad. Los hechos bajo análisis ocurrían en la vivienda del sospechoso cuando los menores quedaban bajo su cuidado directo, utilizando coacciones de diversa índole para asegurar el silencio de los niños y prolongar las conductas ilícitas a lo largo del tiempo.
El debate procesal estuvo centrado en los pedidos de prescripción introducidos por los abogados defensores del imputado de cuarenta y un años. Sin embargo, la resolución del juez ratificó la vigencia de las normativas que protegen el derecho a denunciar de los damnificados una vez alcanzada la adultez, permitiendo avanzar con la medida de restricción de la libertad mientras se sustancia la etapa de recolección de pruebas.
Las autoridades ministeriales encuadraron el expediente bajo las figuras penales de corrupción de menores y ultrajes gravemente ultrajantes. Las audiencias testimoniales de las víctimas resultaron determinantes para consolidar la hipótesis del caso y garantizar el resguardo del proceso penal ordinario que continuará desarrollándose en la capital.
