La normativa regula los mecanismos de inscripción y calificación de proveedores mediante una plataforma completamente virtual. El gabinete de ministros santafesino impulsó esta herramienta informática buscando transparentar los concursos y optimizar los plazos de las adjudicaciones estatales.
El nuevo marco normativo establece que las gestiones se procesarán bajo la modalidad de declaración jurada digital. Los equipos técnicos de control gubernamental centralizarán la validación de antecedentes financieros sin requerir duplicación de documentación oficial a las firmas postulantes.
Las corporaciones que aspiren a ejecutar infraestructuras estatales deberán revalidar periódicamente sus patrimonios contables y sus nóminas de desarrollos vigentes. Una comisión evaluadora de contratistas locales dispondrá de herramientas para penalizar los incumplimientos graves mediante inhabilitaciones operativas prolongadas, promoviendo simultáneamente la integración de los distritos municipales al padrón unificado de prestadores corporativos para estandarizar las pautas de selección regionales.
Los apoderados legales tendrán que tramitar credenciales de validación ciudadana de máxima seguridad para operar en los entornos virtuales oficiales. Las nuevas disposiciones de firmas electrónicas y domicilios electrónicos obligatorios agilizarán los traslados de notificaciones vinculantes, requiriendo además la constatación de regularidades fiscales y de antecedentes conductuales comerciales en los registros de personas jurídicas provinciales.
El esquema sancionatorio estipula penalidades severas que alcanzan la exclusión del padrón por un lapso de cinco años. Las autoridades de obras públicas santafesinas confían en que la despapelización de los expedientes agilizará la infraestructura comunal en los próximos meses.
