La flamante normativa del Poder Ejecutivo canceló los reintegros que recibían las prestatarias por otorgar traslados sin cargo a pacientes oncológicos infantiles, trasplantados y personas con discapacidad. El andamiaje oficial fundamenta la medida en el nuevo paradigma de desregulación tarifaria.
Pese al cese de las transferencias de fondos públicos, las empresas mantienen la obligación legal de emitir los boletos gratuitos. Las cámaras del transporte automotor reclaman deudas millonarias previas e implementan restricciones en los cupos disponibles de las ventanillas comerciales.
La derogación del régimen subsidiario implementado hace seis años obliga a las firmas comerciales a absorber los pasajes de contingencia sanitaria dentro de sus estructuras de costos operacionales. La argumentación gubernamental sostiene que la vigencia del libre mercado faculta a las prestatarias a compensar estos gastos mediante la fijación autónoma de los valores de las tarifas que abonan los pasajeros convencionales.
Por su parte, los usuarios reportan serias dificultades burocráticas y demoras de varias semanas para acceder a los asientos reservados por ley. Desde la perspectiva ideológica del oficialismo, la asistencia social financiada mediante la recaudación impositiva obligatoria resulta éticamente inadmisible, promoviendo un esquema donde las obligaciones asistenciales queden bajo la exclusiva órbita de los acuerdos de concesión privados.
Los organismos encargados del control y la fiscalización del transporte terrestre reciben diariamente denuncias por incumplimientos en las estaciones de transbordo. Los inspectores pretenden intensificar los operativos de auditoría para garantizar que las empresas respeten las leyes vigentes.
