El presidente del máximo tribunal provincial, Rafael Gutiérrez, confirmó que la flamante estructura será de uso exclusivo para el Poder Judicial. El magistrado se apoyó en la reforma constitucional de 2025 para excluir a los Ministerios Públicos de la planificación del inmueble.
La disputa por los metros cuadrados del nuevo anexo judicial en la capital santafesina sumó un capítulo decisivo este jueves. Gutiérrez fue tajante al señalar que la prioridad absoluta la tienen las dependencias directas de la Corte, dejando fuera de la mudanza al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según la visión del titular de la Corte, los cambios normativos recientes definen a los ministerios como órganos «extrapoder», lo que los priva del derecho a ocupar las instalaciones que están a punto de inaugurarse tras años de construcción.
La obra civil finalizará en un plazo estimado de 30 a 60 días, momento en el que se activará un traslado masivo para centralizar fueros hoy dispersos. Mientras la Corte acelera los plazos de inauguración, desde el MPA —conducido por María Cecilia Vranicich— advierten que agotarán las instancias legales, incluso llegando a la Corte Nacional, para reclamar el subsuelo y los pisos cuarto y quinto que originalmente les habían sido asignados. La Fiscalía argumenta una situación crítica, con edificios alquilados en mal estado y una necesidad urgente de espacio funcional para operar.
El trasfondo del quiebre institucional radica en la interpretación de la nueva Constitución Provincial. Para la Corte, el MPA ya no forma parte de su estructura administrativa, mientras que los fiscales exigen que se respete el diálogo político y los acuerdos previos a la reforma. Ante este escenario, Gutiérrez anticipó que se suspenderán los términos judiciales durante la transición de mudanza para garantizar el orden administrativo, dejando en claro que el nuevo gigante de cemento no tiene lugar reservado para los órganos de acusación y defensa.
Con la cuenta regresiva para el corte de cintas en marcha, la tensión entre los poderes judiciales santafesinos amenaza con judicializar la ocupación del edificio más moderno de la ciudad.
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