La administración litoraleña rechazó de plano las acusaciones sobre la existencia de más de un centenar de cinemómetros presuntamente irregulares instalados en los corredores federales. Los responsables de la seguridad vial locales remarcaron que el distrito preservó históricamente su facultad plena para supervisar las velocidades vehiculares dentro de su propio territorio geográfico.
El debate normativo escaló luego de que las dependencias nacionales cuestionaran formalmente los permisos de colocación en las banquinas de conectividad federal. Las oficinas de fiscalización técnica provinciales aclararon que los aparatos de medición cuentan con todas las garantías operativas correspondientes y descartaron la necesidad de requerir autorizaciones administrativas externas para su uso.
Desde el organismo vial santafesino respondieron que la fiscalización caminera constituye una herramienta de vital trascendencia para disminuir de manera sostenida los índices de siniestralidad registrados en las rutas. Los coordinadores de las políticas públicas sugirieron que la repartición nacional debería concentrar prioritariamente sus recursos económicos en reparar la deteriorada infraestructura de las calzadas.
Los equipos provinciales mantuvieron reuniones operativas con la Agencia Nacional de Seguridad Vial a los fines de coordinar inspecciones conjuntas sobre el equipamiento que funciona desde hace quince años. Los jefes de las brigadas camineras ratificaron que los controles de velocidad continuarán implementándose regularmente en todas las trazas nacionales de la provincia de Santa Fe.
La controversia legal abrió un nuevo capítulo de tensiones en la región debido al impacto directo que tiene la recaudación de infracciones en los municipios lindantes. Los tribunales de faltas regionales mantendrán la vigencia de las actas de comprobación emitidas hasta que exista una resolución definitiva del litigio por parte de las carteras ministeriales correspondientes.
