Tribunales provinciales llevarán a cabo una audiencia decisiva para resolver el estado de detención que pesa sobre la sospechosa. Esta instancia penal determinante evaluará la solicitud cautelar tras la acusación formal por abandono de personas vulnerables radicada por el Ministerio Público.
La sospechosa se entregó ante agentes policiales tras permanecer oculta varios días luego del siniestro en la finca norteña. Durante esta grave imputación criminal se constató que la residencia albergaba ancianos sin permisos ni habilitaciones comunales vigentes, en condiciones de extrema precariedad estructural.
Los representantes fiscales sostienen que la acusada cobraba dinero mensual descuidando la alimentación y la salud de las víctimas. Asimismo, los investigadores judiciales del caso comprobaron la falta de sanitarios aptos y la escasez de vestimenta adecuada dentro del inmueble donde funcionaba el centro clandestino.
Un colaborador del establecimiento acusado por privación de libertad recuperó su libertad con medidas restrictivas impuestas por la fiscalía. Las autoridades del fuero local determinarán en las próximas horas si la administradora continúa en prisión preventiva mientras avanza la investigación por estos delictivos hechos.
