El Gobierno santafesino acelera las negociaciones parlamentarias para obtener el dictamen de comisiones antes del 29 de octubre. La intención de la gestión provincial apunta a acelerar el tratamiento de 11 proyectos clave destinados a combatir el delito, aunque persiste la necesidad de acordar modificaciones sustanciales entre los diferentes bloques legislativos.
Durante las reuniones plenarias concretadas este miércoles 21 de octubre, diputados escucharon los planteos de colegios de abogados, entidades de derechos humanos y agrupaciones de víctimas. Los legisladores oficialistas defendieron las reformas impulsadas al considerar prioritario otorgar herramientas procedimentales a las fuerzas de seguridad para evitar que las organizaciones criminales logren reorganizarse en la provincia.
Entre las iniciativas debatidas se destaca la posibilidad de que la policía ejecute actuaciones de urgencia sin orden judicial previa, medida que sería revisada con posterioridad por los magistrados. No obstante, aliados dentro del frente Unidos plantean serias dudas constitucionales sobre las facultades extraordinarias, postergando la definición de varios artículos del texto legislativo.
Las iniciativas ingresadas en mayo incluyen cambios en allanamientos, juicios en ausencia y régimen de presos de alto perfil. De esta forma, el Poder Ejecutivo busca consolidar un nuevo marco legal de actuación punitiva, requiriendo consensos internos para lograr la sanción definitiva de los proyectos en la Cámara Baja.
