El proceso de concesión del sistema ferroviario de cargas sumó complejas complicaciones operativas antes de la apertura de licitación prevista para el 11 de noviembre. La sorpresiva retiro de un grupo internacional limitó la competencia en el trámite oficial, dejando en evidencia las discrepancias surgidas sobre las condiciones económicas fijadas para operar la red nacional.
La renuncia de la firma extranjera se produjo tras severos cuestionamientos al esquema de acceso abierto y al reparto de tramos previsto para los 50 años de concesión. Asimismo, el Gobierno nacional canceló 11 contratos de infraestructura en 6 provincias, interrumpiendo proyectos estratégicos con financiamiento internacional que beneficiaban a Santa Fe y la región.
Entre las obras rescindidas figuran intervenciones clave en puentes, vías y playas de formación destinadas a agilizar el transporte de producción hacia los puertos agroexportadores. Pese a las suspensiones de fondos públicos, el proyecto del Plan Circunvalar santafesino quedó incorporado como una inversión obligatoria que deberán ejecutar los futuros operadores privados del servicio.
El escenario genera profunda incertidumbre en los gobiernos provinciales y sectores productivos del norte argentino ante el freno de los trabajos logísticos. Las bases licitatorias vigentes restringen la participación de corporaciones de capitales estatales extranjeros, reduciendo los consorcios interesados en asumir el control de los 7594 kilómetros de vía.
