La Secretaría de Trabajo declaró inválida la medida de fuerza programada para este viernes por considerar al organismo un servicio esencial. Desde el gremio estatal cuestionaron la decisión oficial y advirtieron que el recorte presupuestario pone en riesgo la seguridad operativa del país.
El «apagón masivo» previsto por los trabajadores del sector buscaba visibilizar el reclamo por más de cien despidos y la falta de inversión tecnológica. Sin embargo, la intervención gubernamental forzó la suspensión parcial de las tareas, generando una fuerte tensión con la conducción nacional de los trabajadores estatales.
La Secretaría de Trabajo fundamentó su postura basándose en la normativa vigente que cataloga los informes climáticos como indispensables para la aeronavegación y la protección civil. Por este motivo, el cese de actividades que debía comenzar a las 5:00 fue calificado como una medida fuera del marco legal.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional, rechazó categóricamente los argumentos oficiales y afirmó que la huelga se comunicó correctamente bajo los parámetros constitucionales. El dirigente sostuvo que la ilegalidad reside en la gestión estatal al intentar operar servicios críticos sin los informes técnicos necesarios debido al desfinanciamiento.
Desde el sindicato subrayaron que la importancia estratégica del Servicio Meteorológico Nacional no se condice con la actual reducción de personal y suministros. Exigieron que la consideración de «esencialidad» se traduzca en mejores salarios, capacitación constante y actualización de los equipos de medición meteorológica en todo el territorio.
Finalmente, el gremio advirtió que la resolución del conflicto depende de la reincorporación de los agentes despedidos y de una mesa de diálogo urgente. Aseguraron que, de mantenerse el ajuste sobre el presupuesto operativo, se profundizarán los planes de lucha afectando la regularidad de los pronósticos y alertas.
La situación en el organismo permanece bajo una tensa calma mientras las partes evalúan nuevas instancias legales para definir el alcance del derecho a huelga en sectores declarados como críticos para la seguridad pública.
