Un plenario de comisiones de la Cámara baja pondrá en marcha las consultas para analizar iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo provincial. La convocatoria a referentes judiciales busca reunir las visiones de los Ministerios Públicos y de la Corte Suprema sobre los proyectos destinados a otorgar mayor capacidad operativa a las fuerzas de seguridad y combatir la venta ilegal de tecnología.
El paquete legislativo contempla modificaciones profundas en el régimen procesal penal, el sistema penitenciario y los esquemas de inteligencia de la provincia. La ampliación de facultades policiales en situaciones de urgencia y criminalidad organizada constituye el eje más debatido por los legisladores, quienes pretenden adaptar los mecanismos tradicionales a los desafíos de la seguridad ciudadana contemporánea.
Por otra parte, la propuesta para intervenir el mercado ilícito de dispositivos tecnológicos avanza con el aval previo brindado por el Senado. La creación de instrumentos normativos otorgará al Ministerio de Justicia y Seguridad herramientas específicas de trazabilidad y fiscalización, sumando además la apertura de unidades especiales dentro de la Defensa Pública para respaldar legalmente a los efectivos.
El bloque oficialista planea mantener rondas de consulta con juristas, especialistas y autoridades judiciales a lo largo de las próximas semanas. La aprobación en el recinto está prevista para el mes de noviembre antes de la finalización del período ordinario, buscando fortalecer la eficacia en las investigaciones penales y la protección integral de las víctimas de delitos.
