El Gobierno provincial manifestó su firme oposición al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo nacional en la Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad. Las autoridades locales alertaron sobre la desregulación de las prestaciones y el riesgo de desfinanciamiento que atraviesan las instituciones y prestadores del sector.
La postura santafesina se unificó con el resto de las jurisdicciones del país para frenar una normativa que busca desligar al Estado nacional de sus obligaciones fundamentales. La preocupación central radica en el cambio de criterio para otorgar pensiones y la eliminación del nomenclador que actualmente garantiza un orden en los pagos y servicios que reciben miles de ciudadanos.
Durante el encuentro del Cofedis en Buenos Aires, las funcionarias locales Florencia Ottolini y Viviana Foresi denunciaron que la propuesta oficialista pone en jaque la sostenibilidad de los apoyos. Según explicaron, el proyecto pretende desregular el sistema de aranceles, dejando la cobertura de tratamientos y traslados a merced de la discrecionalidad presupuestaria de cada región.
Otro punto crítico señalado por la administración provincial es el intento de vincular nuevamente las pensiones exclusivamente a la capacidad laboral del beneficiario. Esta medida es vista como un retroceso histórico que ignora las barreras sociales vigentes, volviendo a una lógica asistencialista que no respeta la autonomía de las personas con discapacidad.
Asimismo, se exigió la regularización inmediata de los fondos destinados al programa Incluir Salud para evitar el cierre definitivo de centros de día y hogares. La falta de pagos nacionales está generando un vacío financiero que las provincias no pueden cubrir, afectando directamente la continuidad de las terapias de los pacientes más vulnerables del sistema.
Pese al conflicto, Santa Fe asumió un rol protagónico al coordinar la Comisión de Accesibilidad dentro del Consejo Federal, junto a representantes de otras siete provincias argentinas. Desde este espacio, se buscará defender la Ley de Emergencia en Discapacidad y garantizar que cualquier reforma futura incluya la participación activa de los actores afectados en todo el territorio.
Las provincias acordaron mantenerse en estado de alerta permanente mientras el Congreso Nacional evalúa el polémico proyecto que podría cambiar drásticamente la realidad del sector.
