Los operativos complementarios ejecutados en la comuna de Arroyo Leyes agravaron la situación procesal del dirigente político bajo custodia. Las fuerzas de seguridad provinciales incautaron fajos millonarios y sustancias prohibidas que alteraron los cargos iniciales impulsados por la fiscalía interviniente.
El fiscal de la causa evalúa encuadrar las imputaciones bajo la figura de comercialización de narcóticos a gran escala. Las oficinas de gestión judicial coordinarán los horarios de las audiencias del fin de semana para determinar las prisiones preventivas correspondientes.
La pesquisa originada por denuncias de coacción y retención indebida de bienes derivó en el hallazgo de envoltorios fraccionados en el complejo portuario. Los agentes de investigaciones criminales requisaron luego la residencia alternativa del letrado, donde detectaron cien gramos de cocaína adicionales ocultos junto a ocho millones de pesos en efectivo, además de un revólver calibre treinta y dos que profundizará el análisis de sus licencias oficiales vigentes.
El sospechoso cuenta con antecedentes penales similares resueltos mediante suspensiones de juicio a prueba durante auditorías federales ocurridas hace nueve años. Los defensores técnicos del imputado intentarán justificar el origen de las divisas incautadas alegando ingresos profesionales legítimos, mientras los peritos de las agencias antinarcóticos analizan minuciosamente los tres teléfonos celulares secuestrados para establecer posibles redes de distribución operando en el departamento La Capital.
Las repercusiones dentro del arco partidario santafesino forzaron pedidos de informes sobre los contratos que mantenía el dirigente involucrado. Los tribunales de la provincia definirán el próximo sábado si el acusado recupera la libertad condicional o permanece alojado en un pabellón común.
