La Cámara alta provincial evalúa un proyecto de ley para implementar exámenes de narcotest obligatorios a los funcionarios públicos. La normativa que impulsó Maximiliano Pullaro con su ejemplo voluntario abarcará los tres poderes estatales, transformando la prevención médica en una exigencia legal.
El bloque justicialista promueve un tratamiento preferencial para la aplicación periódica y aleatoria de los testeos médicos gratuitos. Las autoridades sanitarias provinciales coordinarán los protocolos confidenciales resguardando la dignidad y el debido proceso de cada agente institucional.
La propuesta parlamentaria estipula controles iniciales y anuales destinados a detectar sustancias psicoactivas en legisladores, magistrados y personal jerárquico de la seguridad. La bancada opositora aceleró el debate tras la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de someterse por cuenta propia a dichos estudios médicos de laboratorio.
Asimismo, el Ministerio de Salud funcionará como el organismo técnico encargado de suscribir convenios con efectores públicos y centros universitarios especializados. Un equipo interdisciplinario brindará contención psicológica y evaluará detalladamente la aptitud funcional de los empleados estatales que arrojen resultados analíticos positivos en los sorteos periódicos.
Las normativas vigentes garantizarán el acompañamiento terapéutico no punitivo para promover una cultura de transparencia en la administración pública. Los legisladores provinciales definirán las pautas de aplicación generales durante el desarrollo de la próxima sesión ordinaria convocada.
