El máximo tribunal de la provincia concretó el cierre de un ciclo institucional de más de tres décadas tras la dimisión de dos de sus referentes históricos. La formalización de las salidas por vía administrativa marca la etapa culminante del plan de reestructuración judicial impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar la correlación de fuerzas en la cúspide del sistema de justicia santafesino.
El acuerdo de este martes despejó las especulaciones sobre los tiempos de la transición y aceleró la liquidación previsional de los magistrados salientes. La renovación de las vocalías permitirá completar la incorporación de los juristas cuyos pliegos ya contaban con la aprobación de la Asamblea Legislativa, garantizando un traspaso de funciones sin parálisis en la administración del servicio.
Esta transformación estructural responde a la reforma constitucional aprobada durante el ciclo anterior, que fijó un límite ético y cronológico a la permanencia de los jueces en sus bancas. Las sucesivas vacantes generadas a lo largo del año permitieron a la gobernación alterar una mayoría colegiada que sistemáticamente bloqueaba iniciativas clave, como las reformas al régimen previsional y las modificaciones operativas en el fuero penal.
El mapa judicial de la provincia ingresa a una nueva etapa con una conformación predominantemente nueva y un único integrante en funciones del esquema anterior. El nuevo mapa institucional no solo redefinirá la presidencia del cuerpo colegiado a partir del próximo ejercicio, sino que también establecerá un modelo de articulación con los demás poderes del Estado caracterizado por una renovada dinámica de gobernabilidad.
