La Justicia de Rafaela oficializó la quiebra indirecta de la histórica cooperativa tras reconocerse su inviabilidad financiera. Aunque habrá una asamblea formal el 30 de abril, el juez Marcelo Gelcich ya diseñó un cronograma de liquidación y venta de activos para intentar salvar la cadena productiva.
El Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela confirmó este miércoles el cese de facultades del Consejo de Administración, designando un síndico para intervenir las seis plantas. La medida busca ordenar una deuda postconcursal asfixiante que crece a razón de 3.000 millones de pesos mensuales, afectando a más de 900 empleados.
La resolución judicial surge tras la propia confesión de la firma, que admitió la imposibilidad de cumplir con sus acreedores. Con la mayoría de sus plantas operando por debajo de su capacidad mínima, la caída de contratos estratégicos terminó por sellar el destino técnico de la entidad de Sunchales.
El informe detalla una situación patrimonial crítica: la deuda laboral neta supera los 12.000 millones de pesos, a lo que se suma un rojo comercial de 13.000 millones. Globalmente, los compromisos verificados alcanzan los 185 millones de dólares, una cifra que excede cualquier margen de maniobra operativa actual.
Ante este escenario, se inicia una etapa de «continuidad controlada» bajo la sindicatura de Ignacio Pacheco. El objetivo central será el inventario de bienes para una futura licitación pública o privada. Se priorizará la venta de unidades productivas que garanticen la sostenibilidad de los puestos de trabajo en la región.
La sentencia establece plazos perentorios para la presentación de créditos y prohíbe ejecuciones individuales, centralizando todo el proceso en la sede judicial santafesina. La comunidad regional aguarda ahora que el desguace ordenado permita mantener encendida la actividad en la cuenca lechera más importante del país.
