El Ministerio de Salud de la Nación reveló ante la justicia federal una matriz de corrupción y desvíos críticos en la compra de insumos ortopédicos. La auditoría sobre la gestión de la Andis detectó que se pagaron valores que superan en más de 40 veces el precio real de mercado.
Esta investigación es alarmante para los vecinos que dependen de la asistencia estatal, ya que expone cómo se malgastaron más de 75.000 millones de pesos del erario público. El informe detalla que se facturaron sillas de ruedas a 18 millones de pesos, cuando su valor comercial ronda apenas los 2,8 millones.
La maniobra delictiva se sostenía mediante un «Grupo Belgrano 609», un nodo de empresas que compartían directivos y sedes para simular competencia en las licitaciones públicas. Según la fiscalía de Franco Picardi, los involucrados coordinaban las invitaciones a través de chats de WhatsApp para asegurar que solo un pequeño grupo de proveedores resultara beneficiado.
El escándalo salpica directamente a la cúpula de la agencia, con sospechas sobre el pedido de retornos a empresarios del sector ortopédico. Debido a la contundencia de las pruebas, el gobierno decidió congelar pagos pendientes por casi 5.000 millones de pesos que ya estaban autorizados, tras calificarlos como parte de un esquema de contrataciones fraudulentas e injustificables.
El proceso judicial a cargo del juez Ariel Lijo busca determinar las responsabilidades penales de funcionarios y empresarios en este perjuicio millonario. Es imperativo que los recursos destinados a la salud de los más vulnerables se manejen con la transparencia y razonabilidad que la comunidad santafesina exige.
