Los indicadores oficiales expusieron un acentuado deterioro en la equidad distributiva laboral durante el arranque del presente año. Durante el relevamiento trimestral estadístico las trabajadoras registraron remuneraciones promedio significativamente inferiores frente a los varones, confirmando un retroceso respecto a las mediciones del período previo.
La disparidad se manifiesta con marcada dureza a pesar de que la población femenina ostenta una preparación académica más alta. En los informes de la medición se constató que la mitad de las asalariadas cuenta con estudios universitarios finalizados, superando holgadamente a la franja masculina en nivel de instrucción formal.
La menor cantidad de horas trabajadas y la alta informalidad explican parte fundamental del desequilibrio económico existente. Mientras los analistas del mercado evalúan el impacto del trabajo doméstico no remunerado, la precariedad sin aportes previsionales afecta a cerca del cuarenta por ciento de las trabajadoras de la región.
El panorama local refleja una convergencia con los índices del país donde la desigualdad de género permanece estructuralmente elevada. Diversos referentes del ámbito laboral remarcaron la urgencia de promover políticas activas que equiparen la participación formal y garanticen una retribución equitativa para toda la fuerza de trabajo.
