Los implicados desempeñaban funciones administrativas en una seccional de Rosario cuando exigieron importantes sumas de dinero a los demorados. Los funcionarios judiciales ordenaron la prisión preventiva efectiva por el plazo máximo legal tras comprobarse la recepción de billetes previamente marcados dentro de la misma dependencia pública.
La investigación penal comenzó a partir de la denuncia de los familiares de las personas afectadas por las maniobras extorsivas. El personal de control coordinó un procedimiento de urgencia para registrar las oficinas técnicas, logrando secuestrar la totalidad de los fondos ilegales que permanecían ocultos debajo de los elementos informáticos.
Los efectivos policiales prometieron modificar de manera irregular la situación procesal de los arrestados ante las autoridades ministeriales de turno. Los imputados exigieron el pago inmediato en efectivo para evitar supuestos requerimientos judiciales de captura, allanamientos en los domicilios particulares de los involucrados y facilitar la obtención de las libertades correspondientes de forma inmediata.
El magistrado interviniente en la causa penal rechazó las medidas alternativas presentadas por los abogados defensores de los involucrados. Los dos agentes permanecerán alojados en establecimientos penitenciarios mientras avanzan los peritajes complementarios sobre las comunicaciones telefónicas registradas.
