Un letrado entrerriano fue sentenciado en la Justicia provincial tras admitir su participación dentro de una banda delictiva dedicada a comercializar terrenos mediante documentación apócrifa. El fallo impuso un resarcimiento millonario destinado a reparar económicamente a las víctimas afectadas por las maniobras fraudulentas desplegadas en la región durante una década consecutiva.
El acuerdo homologado fijó tres años de condena y el fin de la detención preventiva que el imputado venía cumpliendo desde hacía dos años. Asimismo, se determinó una inhabilitación profesional severa para restringir su ejercicio laboral tanto en la abogacía como en las gestiones de corretaje dentro de todo el territorio santafesino.
La fiscalía acreditó casi una treintena de ilícitos que abarcaban la falsificación de instrumentos públicos, timbrados oficiales y la venta ilegal de lotes ajenos. La estructura operaba mediante oficinas destinadas a simular legalidad institucional y publicaciones constantes en redes sociales para captar clientes interesados en inmuebles urbanos.
El entramado criminal afectó a más de un centenar de personas en localidades metropolitanas como Santo Tomé, Colastiné y Sauce Viejo. La distribución pecuniaria resarcitoria permitirá amortiguar las pérdidas sufridas por los damnificados, mientras los principales cabecillas de la red esperan las instancias de debate oral.
Las autoridades judiciales destacaron que el dinero recuperado será repartido de manera proporcional entre las familias engañadas por la organización. Además, los querellantes particulares mantendrán la facultad de impulsar reclamos complementarios mediante demandas civiles para exigir mayores indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
