La resolución judicial se oficializó tras la presentación de un procedimiento abreviado impulsado por el ministerio público fiscal. La resolución dictada por el tribunal penal impuso penas de ejecución condicional e inhabilitación profesional a los implicados.
El ilícito aconteció cuando los suboficiales interceptaron a un conductor que circulaba junto a su pequeño hijo por la ciudad. Los efectivos de la fuerza de seguridad intimidaron al ciudadano para apoderarse de mil quinientos dólares que estaban ocultos.
El damnificado realizó la denuncia formal ante la división de Asuntos Internos, permitiendo la inmediata aprehensión de los uniformados. Los agentes de la brigada especializada recuperaron la totalidad del efectivo sustraído durante el procedimiento de requisa correspondiente.
La investigación reveló además que uno de los agentes condenados registraba antecedentes por agresiones físicas contra un joven. Las actuaciones de la fiscalía atribuyeron la responsabilidad penal por vejaciones en un operativo desarrollado en la localidad de Santo Tomé.
Ambos condenados recuperaron la libertad condicional pero deberán abonar multas económicas sumadas a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las víctimas del caso expresaron su conformidad con lo resuelto tras ratificar el impacto emocional sufrido durante los hechos.
