El debate oral y público que investiga un millonario esquema de estafas financieras en el departamento Castellanos sufrirá un paréntesis en su desarrollo habitual. La solicitud del abogado defensor motivó la reprogramación temporal de las audiencias en los tribunales locales, a raíz de la superposición con un debate mediante jurados populares que requiere la presencia del letrado en la capital provincial.
La suspensión de las jornadas del lunes y martes reordenará la extensa grilla de testimonios previstos por el tribunal para la presente causa penal. La reanudación del proceso judicial quedará fijada formalmente a partir del miércoles, continuando con la citación de cientos de damnificados que fueron convocados a declarar por las maniobras fraudulentas ejecutadas en la región.
El Ministerio Público de la Acusación imputó a los principales acusados por liderar un complejo esquema piramidal destinado a captar fondos de particulares. La hipótesis del fiscal interviniente sostiene que la estructura funcionaba mediante la captación continua de inversores para abonar rendimientos ficticios, colapsando el sistema financiero informal cuando se interrumpió el flujo de nuevos aportantes a la rueda comercial.
Los dos principales investigados enfrentan pedidos de pena de hasta veinticinco años de prisión efectiva en su condición de jefes de la asociación ilícita. La intervención de los magistrados evaluará las responsabilidades de los familiares directos y exempleados vinculados a la firma, manteniendo la proyección del veredicto final para finales de diciembre según la agenda fijada.
El juzgamiento paralelo que originó la interrupción del debate rafaelino investiga el crimen de un prestamista en la peatonal santafesina. La constitución del jurado popular con doce ciudadanos seleccionados determinará la responsabilidad penal del acusado en dicho proceso, reanudando posteriormente la marcha habitual del juicio por estafas en los tribunales del oeste provincial.
