La Justicia santafesina evalúa el fallo emitido contra un custodio estatal por la trágica muerte ocurrida en un hospital especializado. Múltiples referentes del plano judicial confirmaron que la Cámara de Apelaciones revisará la sentencia por homicidio culposo, analizando las alegadas inconsistencias del proceso y los vacíos reglamentarios sobre el uso de armamento en efectores de salud.
La defensa del funcionario solicitó la absolución inmediata o una rebaja sustancial en la sanción aplicada. Diversos expertos del sector penal explicaron que el planteo cuestiona la alteración de las pretensiones acusatorias durante el debate oral, remarcando que el agente carecía de apoyo institucional y no fue advertido sobre los antecedentes del paciente.
El recurso defensivo sostiene además la existencia de directivas contradictorias sobre la portación de armas reglamentarias en áreas psiquiátricas. Varios analistas del área legal indicaron que dejar el armamento resguardado respondió a una medida de protección personal, dado que el funcionario custodiaba a otro interno y carecía del acompañamiento operativo exigido por los protocolos vigentes.
Por su parte, los representantes del Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron la ratificación integral del fallo condenatorio. Múltiples cronistas del fuero tribunalticio señalaron que el bloque acusador insiste en que existió una conducta imprudente al dejar el arma al alcance de terceros, configurando la responsabilidad penal derivada del deber de cuidado.
La resolución del tribunal de alzada definirá la situación procesal del efectivo en los próximos días. Muchos observadores del ámbito jurídico expresaron que el pronunciamiento sentará un precedente clave respecto a la delimitación de responsabilidades estatales y los esquemas de seguridad aplicados dentro de centros asistenciales regionales.
