La causa judicial experimentó un giro procedimental tras las múltiples disconformidades presentadas contra la resolución dictada en los tribunales santafesinos. Las partes intervinientes cuestionaron los criterios aplicados para resolver la situación de los uniformados implicados, abriendo el debate sobre las responsabilidades institucionales en el deceso.
La revisión fue solicitada de manera simultánea por los bloques acusadores y los representantes técnicos de los policías que permanecen privados de su libertad. Las presentaciones formales buscan modificar sustancialmente el escenario cautelar dispuesto por la magistrada interviniente, cuya decisión inicial dejó bajo arresto preventivo a cuatro miembros de la fuerza provincial y ordenó la inmediata externación de otros dos numerarios policiales.
La investigación penal aborda el fallecimiento de un ciudadano de treinta y cinco años que se desencadenó luego de un procedimiento de prevención en barrio Yapeyú. Las pericias médicas forenses determinaron la existencia de veinte lesiones corporales previas a la asfixia final, sustentando la hipótesis fiscal de torturas seguidas de muerte por la deliberada omisión de asistencia médica hospitalaria urgente en beneficio del damnificado durante el traslado formal.
La Oficina de Gestión Judicial deberá designar al magistrado de segunda instancia encargado de resolver las impugnaciones interpuestas esta semana. Los abogados defensores rechazaron el encuadre penal dictaminado para los agentes del Comando Radioeléctrico, mientras que la fiscalía insistió en apelar exclusivamente la liberación concedida a una de las suboficiales de la patrulla por considerarla presunta coautora material del violento operativo de seguridad.
El caso mantiene en vilo a los organismos de derechos humanos de la capital provincial ante posibles irregularidades en las dependencias estatales. Las definiciones de los próximos días determinarán la continuidad de las detenciones preventivas y el rumbo definitivo que tomará el proceso de enjuiciamiento.
