La diputada nacional Gisela Scaglia presentó una iniciativa que propone una quita gradual de los derechos de exportación hasta alcanzar el cero por ciento en 2028. El plan busca devolver rentabilidad a los productores locales y quitarle al Ejecutivo Nacional la facultad de modificar estas alícuotas de manera arbitraria mediante decretos.
La propuesta surge en un contexto donde el sector agroindustrial se ratifica como el motor de divisas de la economía nacional. Al limitar el poder de la Casa Rosada sobre el Código Aduanero, la legisladora santafesina pretende otorgar previsibilidad jurídica y económica a las familias rurales que reinvierten sus ganancias en maquinaria y empleo dentro del territorio provincial.
El proyecto de ley establece un cronograma de reducción dividido en cuatro etapas anuales consecutivas, lo que permitiría una transición fiscal ordenada. Cada tramo descontaría una cuarta parte del impuesto actual hasta su desaparición total en diciembre de 2028, fomentando la incorporación de tecnología y la expansión de la frontera productiva en los campos santafesinos.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la derogación del artículo que permite al Gobierno Nacional alterar las retenciones sin pasar por el Congreso. Tras un año 2025 marcado por seis cambios impositivos aplicados por decreto, se busca que cualquier modificación futura sea debatida y aprobada exclusivamente por el Poder Legislativo formalmente.
La legisladora argumentó que las retenciones representan una extracción de renta que no vuelve a las provincias productoras bajo el régimen de coparticipación federal. Esta situación genera un desequilibrio donde Santa Fe produce gran parte de la riqueza nacional, pero no recibe un retorno proporcional en infraestructura o fondos directos para el desarrollo regional.
Finalmente, la iniciativa incluye una cláusula de protección federal para evitar que el Ejecutivo central utilice esta quita de impuestos como excusa para recortar otros envíos de fondos provinciales. La meta es que el productor santafesino pueda capitalizarse directamente para movilizar la economía de cada pueblo y ciudad vinculada a la cadena agroexportadora.
Esta herramienta legislativa intenta saldar una deuda histórica con el federalismo productivo, garantizando que el excedente generado por el esfuerzo rural permanezca en el interior del país. Si el proyecto avanza, el sector agropecuario santafesino contará con un horizonte de estabilidad que favorecerá la inversión a largo plazo y la creación de puestos laborales.
