El Gobierno de Santa Fe ejecutó una nueva desactivación de un punto de venta de drogas en el departamento San Lorenzo. El operativo, enmarcado en la Ley de Microtráfico, vincula el inmueble con un homicidio reciente y refuerza el control estatal en el cordón industrial.
En un operativo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación, se procedió a la demolición de una estructura de comercialización de estupefacientes en barrio Granaderos. Bajo la gestión de Maximiliano Pullaro, esta intervención representa el búnker número 112 inactivado en territorio santafesino, consolidando una estrategia que busca recuperar el territorio y frenar la violencia asociada al tráfico barrial. Las autoridades destacaron que el lugar era frecuentado por personas de otras localidades para la venta ilegal y su destrucción forma parte de un plan integral que incluye el monitoreo permanente para evitar la reinstalación de estas bandas criminales.
El procedimiento se realizó sobre calle 1° de Mayo al 700, una zona identificada como punto crítico de comercialización. Según precisó el secretario de Seguridad, Omar Pereira, el cordón industrial es hoy una prioridad debido a la alta densidad de intervenciones requeridas.
La fiscal Virginia Gabenara confirmó que el sitio está directamente ligado a una investigación por asesinato. Actualmente, hay un menor bajo prisión preventiva y se trabaja en identificar a otros cómplices que operaban en esta vivienda de Fray Luis Beltrán.
Desde la implementación de la nueva normativa provincial, la provincia realiza relevamientos constantes tras cada demolición. Esta política no solo destruye paredes, sino que permite reconvertir espacios degradados en áreas de uso público, como plazas y sectores recreativos para los vecinos.
El seguimiento estatal busca garantizar que los puntos neutralizados no vuelvan a manos delictivas. Con 16 búnkers eliminados solo en el departamento San Lorenzo, el Gobierno acelera el paso para debilitar la logística del microtráfico y mejorar la seguridad en los barrios.
Con la caída de esta estructura, la provincia reafirma la vigencia de la Ley de Microtráfico como la herramienta principal para desarticular los eslabones más visibles de la cadena delictiva.
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