El gobernador provincial expresó su desacuerdo institucional ante la quita del beneficio tarifario que perjudicará a medio millón de hogares santafesinos. La medida nacional generó críticas oficiales tras la quita abrupta de las bonificaciones aplicadas anteriormente a los consumos residenciales en diversas regiones.
Los representantes parlamentarios de la invicta votaron en bloque de manera negativa frente a esta iniciativa en el Congreso. La administración local advirtió que el severo costo fiscal recaerá sobre el bolsillo productivo de las familias trabajadoras sin atender los verdaderos niveles socioeconómicos.
Las modificaciones normativas vigentes sostendrán la cobertura preferencial únicamente para los distritos patagónicos, desplazando a numerosos departamentos del centro argentino. Las autoridades provinciales dispusieron mecanismos de asistencia pública con el objetivo de agilizar la reinscripción de los sectores vulnerables que intenten mantener el beneficio.
El recorte de las asignaciones abarca a cerca de quinientos cincuenta mil usuarios distribuidos en territorio santafesino. El conglomerado urbano del departamento Rosario encabeza los registros con el mayor volumen de personas alcanzadas, seguido por distritos clave como General López, Caseros y San Lorenzo.
Desde el Poder Ejecutivo provincial insistieron en que resulta inaceptable utilizar divisiones geográficas arbitrarias para segmentar las asistencias energéticas. El gobierno continuará desplegando gestiones administrativas permanentes a fin de aminorar el perjuicio que ocasionará este reordenamiento tarifario en la economía cotidiana.
