Un relevamiento sindical estimó que el ingreso básico debió alcanzar los $3.000.352 durante el sexto mes para asegurar el bienestar familiar. La investigación expone la profunda devaluación del poder de compra ciudadano frente al encarecimiento constante de los servicios esenciales regulados por el Estado.
El índice calculado por las entidades de las tres centrales obreras representa más de ocho veces el piso legal actual. Las estimaciones del sector social reflejan que la drástica contracción de los haberes mensuales ha empujado a miles de hogares asalariados hacia el endeudamiento financiero para cubrir sus consumos corrientes.
La canasta analizada asignó $640.428 al rubro alimentario, mientras que el acceso a una vivienda digna demandó un piso de $596.339. En paralelo, los gastos de salud requirieron $365.553 y la cobertura de transporte junto al esparcimiento promediaron los $650.867, evidenciando la insuficiencia extrema de las remuneraciones actuales para garantizar los parámetros consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo. El texto detalla que bajo la presente administración la licuación generalizada de recursos significó una pérdida global de 67 billones de pesos en el acumulado de ingresos.
Los técnicos indicaron que el salario real en la administración pública sufrió una contracción superior al 6%, en tanto que los ingresos del sector privado se deterioraron un 5% en el último período. Las mediciones del ámbito universitario complementaron el diagnóstico advirtiendo que la inflación específica de los trabajadores se ubicó en 1,7%, liderada por alzas del 3,3% en el área de medicina. Dicha desaceleración en el ritmo de aumento de precios no logra transformarse en un alivio real para la economía familiar debido a la saturación del mercado crediticio interno.
Los hogares experimentaron un incremento de 46 billones de pesos en sus pasivos financieros totales debido a las actuales políticas contractivas. Las proyecciones de los especialistas descartan una recomposición inmediata del consumo interno mientras persistan los niveles de morosidad institucionalizada, los cuales se multiplicaron por 4 en el transcurso del último año.
