La resolución dictada en los tribunales capitalinos sentenció a los exoficiales por planificar múltiples asaltos en la región. La jueza convalidó las penas tras acreditarse la provisión de logística oficial, uniformes y armamento reglamentario para perpetrar los ilícitos.
La Unidad Fiscal de Delitos Complejos ratificó la existencia de una red cooperativa que operaba de manera permanente en los corredores viales provinciales. El dictamen contempla inhabilitaciones absolutas y se suma a las condenas previas de otros integrantes civiles del entramado.
Los exjefes policiales Gabriel Ernesto Lemos y Leonel Alejandro Almada recibieron severas condenas de reclusión tras reconocer su culpabilidad en el proceso abreviado. Los delincuentes aportaban datos confidenciales para asaltar propiedades específicas en el casco céntrico y en localidades adyacentes a las rutas principales.
La estructura criminal coordinaba el despliegue territorial utilizando vehículos particulares y dispositivos móviles para asegurar la impunidad de las operaciones de desapoderamiento. Las autoridades avanzan ahora en el juzgamiento de los restantes miembros de la fuerza policial que esperan su juicio oral definitivo.
Los representantes del Ministerio Público de la Acusación ponderaron el resultado de las investigaciones para sanear las instituciones estatales provinciales. Los fiscales ratificaron que la evidencia recolectada desarticuló una de las bandas más organizadas.
