El organismo antilavado interpuso un recurso ante la Cámara de Casación para reclamar la titularidad de los activos secuestrados a la banda condenada. La solicitud busca dar cumplimiento a la legislación vigente que destina los fondos decomisados al fortalecimiento institucional del ente querellante.
La resolución judicial de juicio abreviado dictó penas para cinco implicados y dispuso el decomiso de vehículos e inmuebles, omitiendo precisar el destino final de las propiedades. Entre los elementos confiscados figuran dinero en efectivo, camionetas de alta gama, planes de ahorro y derechos sobre un departamento céntrico.
La estructura delictiva operó durante tres años captando inversiones en divisas para introducirlas en el circuito formal mediante operaciones de dólar MEP y criptomonedas. Para ejecutar estas maniobras, el líder de la organización gestionó la apertura de treinta y nueve cuentas bancarias fraguadas a nombre de terceros.
Los fondos ilícitos permitieron a los condenados adquirir vehículos de gran porte y propiedades inmuebles para disimular el origen espurio del dinero. El escrito presentado no pretende modificar las condenas fijadas, sino garantizar que los recursos recuperados del delito sean asignados formalmente a las arcas estatales.
De esta manera, la entidad busca sentar un precedente sobre la ejecución de multas millonarias e instrumentos patrimoniales en procesos por lavado de activos. Las autoridades deberán determinar si abren un trámite de ejecución específico para resolver la entrega de los bienes incautados.
