El fiscal regional Jorge Nessier presentó su informe de gestión en Coronda, donde expuso la necesidad de inmuebles propios para el Ministerio Público de la Acusación. La disputa con la Corte Suprema por el uso de la nueva estructura anexa escaló tras la reforma constitucional que garantiza la autonomía administrativa y financiera del organismo judicial.
Los vecinos que transitan la zona de Tribunales deben saber que el conflicto por la ocupación del nuevo edificio anexo afecta directamente la agilidad de los trámites y la atención de las víctimas. Mientras la Corte prioriza la unificación de sus dependencias, la Fiscalía Regional 1 advierte que la falta de resolución administrativa frena la planificación estratégica de la política penal santafesina.
Durante la rendición de cuentas, se destacó que el 70,9% de los homicidios ocurridos en 2025 lograron la identificación de los responsables, lo que demuestra la eficiencia técnica del organismo. Sin embargo, Nessier subrayó que para profundizar estas investigaciones y crear la nueva unidad fiscal especializada en violencias altamente lesivas, es indispensable contar con la infraestructura edilicia adecuada que hoy se encuentra en disputa.
El máximo tribunal provincial determinó que solo cederá espacios al Ministerio Público si existieran sectores disponibles tras ubicar a la totalidad de la jurisdicción, postura que fue rechazada formalmente. Ante esta situación, las autoridades del MPA presentaron recursos de revocatoria y exigieron la apertura de una mesa de diálogo institucional para evitar que la falta de oficinas afecte la persecución del delito en la ciudad.
La resolución de esta controversia definirá si el organismo puede finalmente centralizar sus funciones y dejar de gastar recursos en alquileres de inmuebles dispersos. La justicia deberá decidir si respeta la nueva arquitectura constitucional que consagra al Ministerio Público como un ente independiente y autárquico.
