Organizaciones sociales y gremios marcharon por la capital santafesina para exigir que se formalice el rol de las trabajadoras de comedores. Advierten que más de 300 mil personas dependen de estos espacios en la provincia ante un aumento del 30% en la demanda alimentaria.
La movilización, realizada en la víspera del Día del Trabajador, incluyó una concentración frente a la Catedral y un petitorio directo a los legisladores. El reclamo central apunta a revertir la invisibilización de un sector que enfrenta el recorte de subsidios nacionales y partidas presupuestarias desactualizadas por la inflación.
Las entidades convocantes denunciaron que el monto actual destinado por ración es de 600 pesos, una cifra que consideran insuficiente para garantizar platos nutritivos. La situación se agravó tras la suspensión del programa nacional que otorgaba un sustento básico a quienes sostienen diariamente el servicio en los barrios más vulnerables.
Según explicaron los referentes del Frente Barrial y la CTA, la provincia carece de un registro oficial y transparente de los 1.200 comedores existentes. Esta falta de datos precisos dificulta la llegada de recursos directos y el control sobre la asistencia que reciben miles de familias santafesinas en el actual contexto económico.
El pedido de una ley provincial busca otorgar dignidad laboral y estabilidad económica a las mujeres que lideran estas ollas populares. Los manifestantes insistieron en que el Estado debe intervenir ante el desfasaje de costos, donde la merienda apenas recibe un aporte de 450 pesos por cada beneficiario asistido.
La jornada de protesta finalizó con la entrega de un documento a las autoridades legislativas, esperando que el tratamiento de la norma propuesta se concrete de manera urgente para aliviar la presión sobre los espacios comunitarios locales.
