El mandatario local cuestiona la reducción de frecuencias implementada por las empresas y evalúa acciones legales junto a otros municipios del interior para reclamar los fondos retenidos por Nación.
La administración municipal advierte que la caída en la calidad del servicio del transporte público genera un círculo vicioso de pérdida de usuarios, mientras crece la tensión por la disparidad de subsidios entre Santa Fe y el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La gestión local manifestó su desacuerdo con la estrategia empresarial de limitar la circulación de unidades fuera de los horarios pico. Según la visión oficial, una prestación deficiente desalienta el uso del colectivo, impactando directamente en la recaudación y profundizando el déficit operativo del sector.
El escenario se agrava por la eliminación de partidas presupuestarias nacionales, lo que obliga a las provincias a sostener el sistema con recursos propios. El municipio prioriza la protección de los usuarios que abonan la tarifa plana, quienes resultan los más afectados por las constantes actualizaciones en el costo del pasaje.
Ante la falta de respuestas políticas por parte del Ejecutivo nacional, el intendente confirmó que se está coordinando una estrategia común con otros jefes comunales del país. La intención es judicializar el reclamo por la distribución inequitativa de los aportes, que actualmente favorecen exclusivamente a la región capitalina.
Esta crisis de movilidad urbana requiere soluciones estructurales que eviten el colapso del sistema santafesino. La articulación de una mesa de trabajo conjunta busca mitigar el impacto social de los ajustes, garantizando que el transporte siga siendo una herramienta de conexión viable para los ciudadanos de la capital.
La resolución de este conflicto dependerá de la capacidad de los gobiernos locales para forzar una redistribución de fondos que reconozca las necesidades urgentes del interior productivo.
