Mediante una resolución oficial, el Ministerio de Seguridad extendió el uso de inhibidores tecnológicos a todos los pabellones de detención. El objetivo es desarticular las comunicaciones delictivas que se operan desde el interior de los penales hacia el exterior.
La administración nacional dio un paso clave en la lucha contra el crimen organizado al habilitar la instalación de dispositivos de bloqueo de señal en la totalidad de los establecimientos penitenciarios federales. Esta disposición, formalizada este lunes en el Boletín Oficial, elimina la restricción que limitaba estas medidas solo a los sectores de máxima peligrosidad. A partir de ahora, se implementarán sistemas de detección de IMEI y bloqueadores de frecuencia para neutralizar cualquier equipo móvil que logre vulnerar los controles de ingreso. La normativa busca frenar la preocupante tendencia de reclusos comunes que, mediante dispositivos clandestinos, colaboran con bandas criminales o coordinan delitos a distancia, garantizando que el cumplimiento de la pena sea efectivo y sin conexión ilegal con la vía pública.
La resolución 336/2026 faculta al Servicio Penitenciario Federal para desplegar tecnología avanzada capaz de interceptar identificadores únicos de telefonía. Esta herramienta complementará los operativos de requisa manual que se ejecutan habitualmente en las diversas unidades de detención.
A pesar de que la ley argentina garantiza el derecho a la comunicación de los internos, prohíbe taxativamente la tenencia de celulares. El despliegue de estos inhibidores responde a la necesidad de blindar la seguridad ciudadana frente a las estafas y amenazas coordinadas desde prisión.
El diagnóstico oficial detectó que delincuentes que no pertenecen a los sectores de «alto perfil» logran acceder a equipos de comunicación con facilidad. Esta filtración permite que organizaciones complejas sigan operativas, utilizando a los detenidos como nexos estratégicos fuera del radar estatal.
La medida retoma normativas previas sobre el uso de fuerza y tecnología por parte de las fuerzas federales. Con esta unificación de criterios, se espera reducir drásticamente los índices de criminalidad vinculados a directivas emanadas desde los pabellones hacia los barrios del país.
Con esta decisión, el sistema penitenciario busca modernizar su control territorial y asegurar que las cárceles dejen de ser centros operativos para la delincuencia.
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