El Ministerio de Seguridad anunció que reclamará el resarcimiento económico por los gastos de movilidad, personal y combustible desplegados ante falsas alarmas. Además, advierten que los antecedentes penales juveniles pueden condicionar el futuro laboral y los viajes al exterior de los implicados.
La provincia de Santa Fe endurece su postura frente a las intimidaciones en establecimientos educativos, confirmando que cada procedimiento policial tiene un costo operativo que oscila entre los 5 y 6 millones de pesos. El ministro Pablo Cococcioni instruyó a los equipos legales para que estos montos no sean costeados por los contribuyentes, sino que recaigan directamente sobre quienes generen la incidencia, sean menores o adultos. La medida busca frenar la distracción de recursos esenciales, como la brigada de explosivos y patrulleros, que deben abandonar sus tareas de vigilancia urbana para atender lo que muchas veces se plantea erróneamente como una broma estudiantil.
El funcionario detalló que el cálculo del gasto incluye las horas de servicio de los efectivos, el combustible de las unidades y el despliegue de bomberos. Se busca que el impacto económico sirva como un elemento disuasorio ante conductas irresponsables.
Más allá del dinero, las consecuencias judiciales pueden marcar de por vida a los involucrados. Una causa penal juvenil genera antecedentes que impiden tramitar certificados de buena conducta, limitando futuras oportunidades laborales y la posibilidad de salir del país.
Cococcioni enfatizó que retirar móviles de las calles para revisar escuelas pone en riesgo la seguridad general de la ciudadanía. Por ello, el Estado actuará con rigor legal contra los padres o tutores en caso de que los responsables sean menores.
Desde el gabinete provincial insisten en que las familias deben dialogar sobre la gravedad de estas acciones antes de enfrentar allanamientos. La respuesta estatal será implacable para garantizar que los recursos públicos se utilicen exclusivamente en la prevención del delito real.
Con esta decisión, Santa Fe busca sentar un precedente histórico donde la irresponsabilidad individual deje de ser una carga económica y operativa para el conjunto de la sociedad.
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