La administración provincial resolvió no incorporar el régimen de deducciones fiscales que exigían las grandes cadenas comerciales para cuentas electrónicas. Los funcionarios del área económica advirtieron que la medida pretendía igualar cargas tributarias pero desprotegería el funcionamiento cotidiano de los pequeños emprendedores.
El sector supermercadista había elevado un pedido formal argumentando que la falta de gravámenes digitales genera una asimetría comercial frente a los negocios tradicionales. La disputa impositiva expuso las marcadas diferencias de criterio respecto al control financiero sobre las plataformas de pago utilizadas masivamente.
Desde la cartera económica explicaron que los pequeños prestadores utilizan habitualmente perfiles integrados donde se confunden los ingresos laborales con transferencias de índole personal. La aplicación de deducciones automáticas sobre la totalidad de esos movimientos castigaría injustamente la operatoria cotidiana de los monotributistas y cuentapropistas.
Los equipos técnicos señalaron además que gravar las billeteras virtuales desalentaría el uso de medios electrónicos, incentivando el retorno masivo del dinero físico. La circulación de efectivo representa un factor de vulnerabilidad e inseguridad ciudadana que la gestión provincial busca evitar de manera prioritaria.
El posicionamiento adoptado por la provincia marca una fuerte defensa de la economía de cercanía frente a las presiones de los grandes conglomerados. La estrategia financiera local prioriza sostener los canales digitales actuales para proteger el movimiento comercial de los barrios santafesinos.
