El Ministerio Público de la Acusación encabeza un minucioso procedimiento judicial en la reserva natural santafesina tras constatarse el desacato a una clausura oficial. La acumulación de escombros y basura busca elevar artificialmente el terreno costero, generando una profunda alarma comunitaria en las inmediaciones del sector insular.
Las tropas de la Policía de Investigaciones junto con inspectores provinciales y locales ejecutaron un amplio allanamiento en las instalaciones de una firma privada. Las tareas de recopilación de pruebas permitieron hallar medicación vencida y rezagos informáticos enterrados, además de sustancias químicas sospechosas que fueron derivadas para sus respectivos análisis de laboratorio.
Los especialistas advierten que la alteración topográfica del predio pone en riesgo el escurrimiento natural del sistema hídrico durante la temporada de precipitaciones. La progresiva modificación del ecosistema en la zona ribereña compromete seriamente las defensas naturales del distrito, mientras la Justicia busca determinar la responsabilidad penal del predio clausurado.
Desde el gobierno local ratificaron el aporte de antecedentes administrativos para esclarecer el impacto de las actividades clandestinas en el ecosistema protegido. El seguimiento de los peritajes dictaminará en los próximos días las sanciones correspondientes para evitar que continúe el deterioro ecológico en la zona insular.
