El entramado de pequeñas y medianas empresas fabriles atraviesa un escenario de severas restricciones operativas para consolidar su perfil exportador en la provincia. La presión del fisco nacional sobre las firmas golpeadas por la retracción del consumo interno ralentiza la capacidad de financiamiento y frena los proyectos de inversión en los parques industriales locales.
La falta de información pública periódica dificulta la elaboración de programas económicos certeros acordes a las necesidades de cada rubro manufacturero. La caída del consumo interno junto al ingreso de insumos extranjeros en condiciones desiguales genera un desequilibrio que perjudica la productividad, obligando a las plantas a operar con altos niveles de capacidad instalada ociosa.
A su vez, el endurecimiento de los mecanismos de recaudación por parte del organismo fiscal agrava la salud financiera del sector en momentos de iliquidez. Las ejecuciones de embargos bancarios y la ausencia de planes de pago adecuados profundizan las dificultades cambiarias, impidiendo que las unidades productivas accedan a insumos estratégicos para sostener sus envíos al exterior.
En los últimos dos decenios la cantidad de pymes con inserción internacional sufrió una contracción cercana al cincuenta por ciento a nivel nacional. La volatilidad del tipo de cambio y los elevados costos de la logística territorial reducen el margen de competitividad, privando a la economía santafesina de dinamizar la creación de empleo de alta calificación.
Superar la incertidumbre macroeconómica de largo plazo resulta indispensable para devolver previsibilidad a los esquemas de inversión privada. Las reformas impositivas pendientes y la simplificación de los trámites aduaneros representan las demandas centrales del arco empresarial para garantizar la supervivencia del entramado industrial en la región.
