El plan gubernamental de privatización sobre la ruta nacional 11 prevé incorporar cinco cabinas tarifadas en un trayecto de casi quinientos kilómetros donde previamente no existían. La inminente transferencia operativa a un consorcio privado encendió alarmas por el fuerte encarecimiento del transporte regional.
Transportistas, trabajadores cotidianos y productores lácteos manifestaron una profunda inquietud ante los incrementos exponenciales que sufrirán sus gastos cotidianos de movilidad. Dirigentes políticos e instituciones locales señalaron que la fijación de estos nuevos montos afectará de manera directa a los esquemas productivos de la zona.
Las estaciones fijadas para la recaudación quedarán emplazadas en las localidades santafesinas de Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe Norte y Florencia. La falta de infraestructura complementaria constituye la principal objeción de los usuarios, quienes advierten que el contrato de concesión contempla exclusivamente tareas de bacheo y desmalezado.
Desde diversos sectores sociales cuestionaron con dureza la ausencia de obras sustanciales de ampliación o transformación en autovía para reducir los índices de siniestralidad. Los mecanismos de financiamiento propuestos operarán durante dos décadas, proyectando sumas acumuladas de gran magnitud para automóviles y camiones de carga pesada.
El esquema proyectado por el Poder Ejecutivo replica dinámicas similares en otros corredores nacionales con la incorporación masiva de puestos recaudatorios. Las asociaciones de usuarios calificaron la iniciativa como una carga tributaria encubierta al tránsito que no ofrece contraprestaciones equivalentes en materia de seguridad vial.
