El informe del Observatorio de Política Criminal advirtió sobre un incremento crítico de fallecimientos autoinfligidos en todo el territorio nacional. La investigación confirmó que la problemática desplazó a los accidentes viales como la causa principal de mortalidad en la población joven.
Durante el último ciclo se contabilizaron 5209 casos fatales, lo que posiciona al país en el segundo lugar del podio regional detrás de Uruguay. El indicador nacional cuadruplica la estadística delictiva de homicidios dolosos registrados por las distintas fuerzas de seguridad provinciales.
La problemática impacta con mayor severidad en las franjas etarias de entre 15 y 34 años, un sector productivo clave. Los especialistas asocian este escenario al deterioro socioeconómico generalizado y a las crecientes dificultades cotidianas para cubrir necesidades básicas elementales.
La retracción de los presupuestos estatales destinados a las áreas de contención psicológica agrava el cuadro de vulnerabilidad social. Ante este contexto de incertidumbre económica, la población pierde capacidad de priorizar su cuidado emocional e iniciar tratamientos preventivos adecuados.
Frente a este complejo panorama, los profesionales solicitan declarar la emergencia sanitaria y reforzar la infraestructura asistencial. La implementación de redes públicas de prevención resulta indispensable para revertir la tendencia trágica que golpea a miles de familias.
