Un severo revés judicial recibió el Ejecutivo nacional tras la resolución emitida por los tribunales federales de Venado Tuerto. La medida impulsada por la oposición provincial puso en evidencia la desidia estatal en la conservación de arterias viales estratégicas para el modelo productivo, catalogando la inacción gubernamental como una omisión ilegítima de sus obligaciones estatales.
Las trazas viales comprendidas en el dictamen registran un deterioro alarmante que pone en constante riesgo la circulación diaria de vehículos pesados. Durante la reciente contienda administrativa la senadora promovente expuso la ineficacia de las medidas parciales aplicadas por la cartera de Vialidad, argumentando que las restricciones presupuestarias no justifican el abandono de la infraestructura regional.
La resolución impone un límite legal a los recortes presupuestarios que paralizaron las tareas de conservación en el territorio santafesino. Asimismo, los sectores políticos regionales remarcaron que el Estado nacional debe garantizar la conectividad de los corredores agroexportadores, cuestionando que la falta de fondos perjudique el tránsito logístico y la seguridad vial de los contribuyentes.
Esta determinación judicial sienta un precedente clave en el reclamo por un reparto equitativo de los recursos públicos federales. Las fuerzas parlamentarias locales advirtieron que mantendrán la vigilancia sobre las resoluciones judiciales para asegurar que la administración central ejecute de manera urgente las partidas presupuestarias requeridas en las rutas asignadas.
