Centenas de operarios públicos se concentraron en las adyacencias del palacio comunal tras la finalización de sus jornadas operativas cotidianas. Los dirigentes de la entidad gremial denunciaron persecución laboral a través de traslados arbitrarios y quitas salariales injustificadas.
La masiva protesta evidenció un fuerte respaldo solidario de diversos sectores pertenecientes a la jurisdicción departamental santafesina. Los delegados de las diferentes reparticiones estatales ratificaron la continuidad de las asambleas informativas debido a la falta de respuestas del ejecutivo.
La movilización civil expuso el descontento de las bases ante las multas económicas aplicadas por la administración a quienes ejercieron el derecho de huelga. Los miembros de las comisiones de base sostuvieron la vigencia de la convocatoria popular ante la imposibilidad judicial que impidió la concurrencia de la cúpula central de la organización.
Por su parte, los voceros gremiales exigieron la anulación definitiva de los sumarios administrativos y las denuncias penales impulsadas por las autoridades de la intendencia. Los asesores de la junta sindical confirmaron que mantendrán los campamentos de protesta permanentes hasta conseguir que las resoluciones judiciales vigentes sean plenamente acatadas por el estado municipal.
El conflicto gremial amenaza con paralizar la prestación de los servicios básicos esenciales en toda la región ribereña durante las próximas jornadas. Los inspectores de la cartera de trabajo provincial analizan convocar a las partes involucradas a una conciliación.
