El despliegue simultáneo de las brigadas de investigaciones de tres jurisdicciones federales permitió descabezar una organización criminal que operaba en centros comerciales. Los organismos de seguridad pública confirmaron la detención de media docena de sospechosos implicados en fraudes.
Las pericias judiciales determinaron que los asaltantes utilizaban sofisticados bloqueadores de radiofrecuencia para vulnerar los sistemas de alarmas de camionetas importadas. Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación coordinaron las pesquisas tras registrarse cinco denuncias millonarias en playas céntricas.
Los golpes delictivos, que comenzaron a registrarse a mediados del ciclo antepasado, se concentraron principalmente en áreas de estacionamiento de supermercados santafesinos y avenidas neurálgicas de tránsito. Los pesquisas de la policía provincial lograron rastrear el circuito financiero de las bandas gracias al seguimiento de las tarjetas bancarias sustraídas en los asaltos.
Las órdenes de irrupción habitacional afectaron a numerosos inmuebles distribuidos estratégicamente en barriadas periféricas cordobesas y áreas específicas de la Capital Federal. Los efectivos de las fuerzas de seguridad secuestraron una flota de rodados, aeronaves no tripuladas, sistemas de almacenamiento digital y dinero en moneda nacional y extranjera.
La causa tomó máxima relevancia tras conocerse que uno de los blancos vulnerados pertenecía a un funcionario judicial en pleno centro urbano santafesino. Los peritos informáticos de fiscalía analizan los teléfonos celulares confiscados a los sospechosos con la intención de comprobar posibles conexiones con redes de desarmaderos de escala nacional.
Los detenidos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hacia las dependencias correspondientes para afrontar las audiencias imputativas formales. Los magistrados del caso penal evalúan la aplicación de prisiones preventivas mientras continúan los rastreos de los prófugos.
