La dramática pérdida del poder de compra salarial empujó a millones de ciudadanos a la cesación de pagos. Las entidades financieras del país reportaron dificultades extremas para contener el atraso en los vencimientos de tarjetas, obligando a implementar planes urgentes que apenas alivian una mínima porción de la masa de deudores.
El severo escenario recesivo actual provocó un salto sin precedentes en el volumen de familias atrapadas en deudas impagables durante el último periodo anualizado. Los analistas del sector económico advierten que las consecuencias futuras del fenómeno resultan totalmente imprevisibles si el Gobierno nacional posterga la aplicación de medidas de recomposición salarial profunda que permitan revertir los actuales índices de vulnerabilidad material.
De acuerdo con las estadísticas procesadas por los equipos del Instituto Patria Grande basándose en registros del Banco Central, entre abril de 2025 y el mismo mes de 2026 se sumaron más de 2,5 millones de deudores morosos, cifra que equivale al 5% de la población total argentina. Las bancadas de consumo masivo detectaron que el segmento más afectado corresponde a quienes registran compromisos incumplidos con mutuales y financieras no bancarias, sumando un millón de personas en esa condición particular.
En el sector corporativo la problemática exhibe un comportamiento igualmente preocupante, alcanzando un índice general del 3,1% en el cuarto mes de 2026. Las empresas de la construcción encabezan el ranking de parálisis comercial con un 6,1% de sus líneas crediticias en mora, seguidas de cerca por los rubros gastronómicos con el 5,2% y el comercio tradicional con el 5%. Actualmente, unas 21 mil firmas nacionales poseen deudas arrastradas por más de doce meses y ya califican formalmente bajo la categoría técnica de irrecuperables.
La masa de deudores del sistema consolidado trepó a 20.836.008 personas, identificando a 5.690.430 de ellas en situación de morosidad abierta. Las prepagas de cobertura médica aplicaron aumentos del 444% frente a una inflación del 312%, gatillando la pérdida de cobertura para un millón de usuarios mientras el consumo anualizado de carne vacuna retrocedió de 53,4 a 47,5 kilos por habitante producto del desplome de los recursos disponibles.
