La magistrada interviniente dispuso la medida de coerción penal tras validar las pruebas presentadas por la fiscalía santafesina. El dictamen de la justicia santafesina encuadró el comportamiento del abogado en los delitos de intimidación violenta y posesión de sustancias prohibidas.
El dictado de la medida privativa de la libertad tuvo lugar tras una extensa jornada de debate en las sedes judiciales locales. Las autoridades del ministerio público imputaron originalmente al letrado por amedrentar a una ex pareja mediante la utilización de armamento no autorizado, encuadrando los sucesos en un marco de violencia de género por asimetría de poder.
La investigación penal sumó gravedad institucional tras los operativos de registro ejecutados por las fuerzas de seguridad en un inmueble costero y una vivienda quinta regional. Los agentes de la policía de investigaciones incautaron envoltorios con cocaína, teléfonos móviles, municiones y una millonaria suma de dinero en efectivo, aunque la defensa alegó consumo personal para morigerar los cargos de comercialización.
La resolución de mantener tras las rejas al dirigente político busca neutralizar los peligros procesales y resguardar la integridad de la víctima de cara al debate oral. El tribunal del colegio de jueces consideró indispensable asegurar los testimonios claves del proceso, dada la posibilidad de que la futura condena resulte de cumplimiento efectivo por la escala penal de los delitos acumulados.
El sospechoso desarrollaba actualmente actividades de consultoría técnica en la legislatura bonaerense y contaba con un extenso historial en carteras gubernamentales federales. Las auditorías sobre los bienes incautados continuarán durante la etapa preparatoria para precisar el origen de las divisas acumuladas, mientras las bancadas políticas analizan su inmediata desvinculación administrativa de los cuerpos legislativos.
