Los integrantes de una organización sindical marcharon hacia las dependencias judiciales para denunciar agresiones físicas contra un dirigente laboral. Las autoridades gremiales exigieron la liberación inmediata del trabajador afectado, quien permanece bajo arresto mientras los presuntos responsables continúan en libertad a pesar de las filmaciones presentadas como evidencia.
El desplazamiento de los trabajadores abarcó las inmediaciones de los ministerios públicos encargados de la seguridad en la región capitalina. Los manifestantes repudiaron las agresiones grupales registradas en las dependencias operativas de una localidad vecina, donde se desató una fuerte disputa por la representación colectiva de las bases.
Los referentes de la movilización expusieron que los altercados se originaron durante el cumplimiento de tareas de asistencia interna en las plantas municipales. Los delegados cuestionaron el accionar de la fiscalía interviniente al considerar que las acusaciones iniciales resultan contradictorias y omiten las denuncias previas que ya constaban en las actas policiales.
La conducción gremial vinculó directamente los hechos de violencia con el accionar irregular de otra agrupación sectorial que disputa el encuadramiento de los empleados públicos. Las autoridades provinciales evaluarán las actas y las declaraciones testimoniales de los testigos presenciales para esclarecer las responsabilidades institucionales en el conflicto territorial suscitado.
Los protestantes advirtieron que mantendrán las medidas de fuerza en las sedes administrativas hasta obtener respuestas concretas sobre la situación procesal. Los voceros reclamaron condiciones seguras de labor para los más de cien afiliados que prestan servicios urbanos.
