La fiscalía federal cerró la investigación contra el dueño de un campo de frutillas en Arroyo Leyes. El imputado habría captado a 20 personas en el Chaco para someterlas a un régimen de servidumbre y deudas constantes.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación solicitó el juicio oral para Franco Augusto Poccia, el joven productor rural acusado de liderar una red de explotación laboral en jurisdicción de Arroyo Leyes. La requisitoria fiscal no solo pide una condena de ocho años de prisión, sino que expone la crudeza de un sistema de captación que aprovechaba la necesidad de trabajadores del norte del país para anular su libertad y dignidad.
El esquema delictivo funcionaba mediante el financiamiento de traslados que luego se transformaban en deudas impagables para los peones, quienes quedaban cautivos en el predio frutillero. Las pruebas recolectadas indican que los trabajadores vivían en condiciones inhumanas, cumpliendo turnos que iniciaban en la madrugada y se extendían durante toda la semana sin interrupciones. La fiscalía subrayó que existió una «cosificación» de los sujetos, quienes eran tratados como meras herramientas de producción.
La causa se originó en septiembre pasado, luego de que tres víctimas escaparan de la vigilancia del campo para pedir auxilio en una seccional policial. Además de la sanción penal, los fiscales federales exigieron el decomiso de bienes vinculados a la actividad delictiva y la imposición de costas procesales. El foco de la justicia está puesto ahora en los mecanismos de reparación para los 20 chaqueños que fueron rescatados de la explotación.
interviniente. El caso pone bajo la lupa las condiciones de contratación en las quintas del departamento La Capital y la operatividad de los protocolos contra la trata laboral en la provincia.
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